El dramático descenso en el movimiento internacional de viajeros generado como consecuencia de la pandemia, hizo que saltaran todas las alarmas. Hace un año, la industria turística global preveía plazos distintos. La Organización Mundial del Turismo –organismo, al igual que la OMS, integrado a las Naciones Unidas– ya estaba, en mayo de 2020, teorizando sobre la creación de un pasaporte sanitario capaz de rehabilitar el movimiento de viajeros.
La OMT convocó un comité, al que denominó «Comité Mundial de Crisis para el Turismo», reuniendo a representantes de su organización y afiliados, y organizaciones públicas y asociaciones privadas vinculadas al transporte internacional de viajeros. El comité, aún vigente, tiene por cometido recopilar información de interés y generar una hoja de ruta con recomendaciones para la recuperación de la actividad turística. Entre las iniciativas de la organización se encuentran la creación de la campaña #viajamañana (abril 2020) y las “Directrices globales de la OMT para reactivar el turismo” (mayo 2020).
Mientras la OMT trabajaba en la generación de lineamientos para un pasaporte sanitario y varios países, como Israel y Francia, empezaban a aplicar versiones domésticas de salvoconductos sanitarios, la OMS se pronunciaba contra la implementación de un pasaporte de tales características. Primero aseguraban que podían llegar a restringir aún mas los viajes (febrero 2021) y después, que “pueden exacerbar desigualdades y promover una libertad diferenciada” (abril 2021). El comité suavizó la terminología de cabecera de su proyecto y el pasaporte pasó a llamarse “pase de salud digital”, usando expresiones como “protocolos armonizados”, “medidas de seguridad reforzadas” y “código internacional para la protección de turistas”. El 8 de abril la OMT publicó, desde Arabia Saudita, el «Compendio de pases de salud digitales» donde se establece qué requisitos deben reunir los mencionados salvoconductos. El informe incluye una lista detallada y analítica de los “pases” que cumplen dichas directrices.
Llegados a este punto, cabe recordar que los requisitos de vacunación como exigencia para entrar a un territorio no son novedad. Para ingresar en muchos países de África, Latinoamérica y el Sudeste asiático, entre otras regiones, es obligatoria la vacuna contra la fiebre amarilla. La novedad radica, en el caso de los pases sanitarios frente a la Covid-19, en la digitalización y en las posibilidades tecnológicas que esto implica.
Según la OMT el pase sanitario debe: preservar la privacidad de los datos, ser inclusivo, equitativo y transparente en sus standards, ser interoperable, sostenible y portátil y tener escalabilidad, debiendo ser el usuario quien está al control de la información. En el listado de pases aprobados por la OMT hay iniciativas de origen estadounidense, suizo, español, alemán, canadiense, australiano, británico y singapurense. Entre los 16 habilitados está el Travel Pass de IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo que representa a 290 aerolíneas de 120 países). La app da acceso a los requisitos sanitarios de cada país, informando de los laboratorios más cercanos en caso de que el usuario precise hacerse un test. La información del usuario: vacunas, tests y resultados, se contrasta con los requisitos del destino solicitado, emitiendo la aplicación una comunicación, afirmativa o negativa, frente a la posibilidad de que el usuario viaje al destino indicado. A su vez, la aplicación crea una versión digital del pasaporte y aplica un control biométrico que promete minimizar el contacto en el aeropuerto.
El pasado 10 de Abril el Travel Pass de IATA se testeó por primera vez en Latinoamérica en el trayecto Madrid-Montevideo de Iberia. Es esta aplicación, según declaraciones del Subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, por la que Uruguay se declina para implementar un control fronterizo sanitario. Si bien el MINTUR planea implementar el uso rutinario del Travel Pass a partir de mediados de junio, hoy el panorama sanitario a escala nacional no resulta tan prometedor.
Juristas y expertos en bioética han puesto sobre la mesa la vulnerabilidad de los usuarios frente a posibles ciberataques. Un mal uso de la información digitalizada vulneraría los derechos individuales. Clasificar a los ciudadanos en función de su situación sanitaria es controvertido. La secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejcinovic, aseguraba el pasado 19 de marzo, que “un documento que dé acceso a la gente vacunada a derechos, servicios y lugares es problemático si ese acceso sigue prohibido a aquellos que no pueden ser vacunados”. En muchos casos, los pases sanitarios de circulación interna se están implementando cuando solo hay un porcentaje de la población vacunada. En la mayoría de los casos, los ciudadanos no vacunados aún no han sido convocamos a tales fines. ¿Corresponde en ese caso prohibir el acceso a destinos y servicios? En menor porcentaje, las razones de la no vacunación atienden a la libre elección. Si la vacunación es realmente libre ¿corresponde estar sujeto a una restricción?
De otro lado, nos encontramos con los dilemas de inequidad global. Las posibilidades reales de compra de vacunas y articulación de un plan eficaz de vacunación de unos países frente a otros es muy dispar. ¿Acaso no aumentan los pases sanitarios aún más la desigualdad? Entre tanto, las cepas mutan y surgen variantes que comprometen en mayor medida la integridad sanitaria internacional. Aunque sea por motivos egoístas ¿no habría que pensar en una estrategia de alcance global? ¿Queremos salvar el turismo generando conductos higiénicos entre camarotes de primera clase dentro de un barco que hace aguas por distintos flancos? Son cuestiones, todas ellas, que invitan cuanto menos, a dialogar y reflexionar.
